Dos familias concentran quinta parte del presupuesto de alquileres del Ejecutivo

Integran cinco sociedades anónimas que arriendan inmuebles al Poder Ejecutivo

Por barco desde España

El menor de nueve hijos, Pedro Raventós Gual, dejó la comunidad española de Cataluña para enrumbarse hacia Costa Rica en 1912. En el periplo, lo había antecedido su hermano José en 1905, quien construyó el Teatro Raventós, donde se ubica el actual Teatro Melico Salazar.

En 18 años, se convirtió en un exitoso comerciante, fundó el Almacén Raventós y llegó a ser un destacado importador de harina y finalmente un convirtió el arrendamiento de inmuebles en su más importante actividad comercial.

Su primera obra inmobiliaria fue el Edificio Raventós en avenida 1 y 2 y sobre calle 6 en San José, mientras que La Llacuna, diagonal a la Plaza de la Cultura y bautizado con el nombre de la ciudad española donde Raventós nació, fue el último edificio cuya construcción lideró.

El legado lo continuó su hija Nuria Raventós López, madre de Adriana, José, Nuria y Gabriela Marín Raventós. Ella asumió la dirección de dicha empresa durante 36 años, tras el fallecimiento de su fundador en 1976. A su vez, fue una de las socias fundadoras de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles.

Heredado a través de generaciones, el control de los negocios impulsados por Pedro Raventós lo ejercen hoy sus nietos.

Adriana Marín, la menor de los Marín Raventós, funge como presidenta de la Corporación Raventós y dos de las sociedades anónimas adjudicatarias de alquileres con el Poder Ejecutivo: Compañía Galletano S.A. y Compañía La Llacuna S.A. - y en cuyas juntas directivas participan también su hermano José Marín Raventós ysus hermanas María Gabriela y Nuria.

Desde el primero de mayo de 1968, tres años antes del nacimiento de la actual presidenta de Galletano S.A., esta sociedad anónima alquila al Ministerio de Educación (MEP) el Edificio Raventós. En este inmueble se alojan en 11.051 metros cuadrados las oficinas centrales del MEP a un costo mensual de ¢79 millones.

Entretanto, La Llacuna S.A. alquila a Hacienda desde el 2006, un inmueble de 12.131 metros cuadrados, distribuidos en nueve pisos de oficinas, tres de estacionamientos y el vestíbulo, que alberga a 472 empleados de la Dirección General de Aduanas y Tributación. Por él el gobierno desembolsa ¢65,5 millones mensuales.

Abogada de profesión y casada en segundas nupcias con Manuel Francisco Jiménez Echeverría, presidente ejecutivo de Grupo Nación, Adriana Marín Raventós fue hasta el 2005 esposa de José Francisco Escobar Pardo, hijo del fundador de Hogares de Costa Rica S.A. y también integrante de una de las sociedades de anónimas vinculadas con alquileres al Gobierno.

AmeliaRueda.com solicitó una entrevista con la señora Marín; no obstante respondió por correo electrónico: “sus preguntas son de temas internos de la empresa y la familia,  que carecen de interés público, en realidad la familia Raventós siempre ha tenido un perfil bajo y hemos preferido manejarnos con privacidad en el mundo empresarial”.

En el mundo empresarial costarricense, el inmobiliario no es el único negocio, de los Marín Raventós. También han incursionado en las franquicias de comidas, agricultura y actividades comerciales relacionadas con venta de ropa y zapatos.

José Marín Raventós, vicepresidente de Corporación Raventós, Compañía Galletano S.A. y Compañía La Llacuna S.A., preside el Grupo Cachos, comercio de tiendas de zapatería, y tiene participación en las tiendas Vértigo, Lacoste y Timberland. Es él quien junto a su hermana Adriana, y fungiendo como representante legal, firmó los contratos de arrendamiento con el MEP (imagen firmaRaventos.jpg) y con Hacienda (imagen firmaLlacuna.jpg).

Su hermana Nuria Marín Raventós, secretaria de la Llacuna S.A. y de Galletano S.A. vinculadas con alquiles al Ejecutivo, y esposa del actual diputado del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, es fundadora de la Corporación Álvarez y Marín, que ha participado en negocios agropecuarios, turísticos y de comidas como la adquisición de la franquicia Chuck E. Cheese’s, y desde 1995 en el ámbito inmobiliario, con el alquiler de viviendas y oficinas.

Mientras que la hermana mayor, Gabriela Marín, tesorera de las sociedades mencionadas, es doctora en administración de negocios y se dedica a labores académicas en la Universidad de Costa Rica.

Primas hermanas de los Marín Raventós, Ana e Isabel Saavedra Raventós, son también beneficiarias del negocio de alquileres al Poder Ejecutivo. Empresaria y economista, respectivamente, son apoderadas generalísimas sin límite de suma de la Compañía Comercial Rofas Sociedad Anónima (imagen firmaRofas.jpg), que alquila al Ministerio de Educación desde 2006 cuatro pisos del Edificio Rofas para oficinas de dicha entidad y 75 espacios de estacionamiento (8.559,2 metros cuadrados). Por este inmueble, ubicado entre la avenida Central y la 1 sobre calle 16, el Ejecutivo paga, mensualmente, cerca de ¢66 millones.

Monarca de la construcción.

Llegó al país procedente de Colombia cuando tenía 21 años, para fundar en 1970 la empresa Promociones Asociados, que posteriormente se transformó en Hogares de Costa Rica S.A.

En casi 40 años de carrera inmobiliaria, el empresario Juan Francisco Escobar Crespo ha estampado su firma en clásicos urbanos como el Centro Comercial de Guadalupe en 1974; el Centro Comercial del Sur, carretera a Desamparados, en 1979; y Jardines del Recuerdo en 1973.

Su currículo como desarrollador incluye proyectos habitacionales para estratos de ingresos bajos, medios y altos, edificios de oficinas y más recientemente el Hotel Park Inn, en Barrio don Bosco, por citar algunas de sus obras.

Él no duda en afirmarlo, Hogares de Costa Rica “ha sido el pionero en vivienda y en otros productos como oficinas y grupos comerciales” en el país.

Además de Hogares de Costa Rica S.A., Escobar Crespo preside CCI Torre C S.A., empresas en cuyas juntas directivas lo acompañan sus cuatro hijas. Cada una de estas sociedades anónimas arrienda inmuebles en Barrio don Bosco al Ministerio de Hacienda.

Uno de ellos es el edificio Centro Corporativo Internacional Torre B, de 7.997 metros cuadrados, distribuidos en dos sótanos de parqueo y ocho pisos de oficinas por los que el Ministerio de Hacienda paga ¢118,3 millones mensuales, el alquiler más costoso de los 303 que arrienda el Poder Ejecutivo. Aquí laboran 230 funcionarios de la Administración Tributaria de San José y de la unidad de Proyectos de Cooperación Interinstitucional desde 2003.

El clan Escobar, alquila además el sétimo y octavo piso (2.360 metros cuadros) del Centro Corporativo Internacional Torre C. Inaugurado en 2011, tiene como inquilino al Centro de Información de Hacienda desde el 2013 por un monto mensual de ¢52,5 millones, aunque ahí solo laboran de forma regular 30 funcionarios.

De acuerdo con Escobar Crespo, los alquileres con el Estado comenzaron cuando personal del Ministerio de Hacienda, durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), se acercó a sus oficinas en el año 2000 en busca de un inmueble para ubicar la dirección General de Tributación Directa. En ese entonces solamente estaba construida la Torre A del Centro Corporativo Internacional y estaba pronta a iniciar la construcción de la Torre B, edificio por el cual optó el Ministerio.

Según consta en el expediente de contratación, Hacienda consideró que el hecho de que la edificación estuviera en construcción, brindaba cierto grado de libertad en torno al diseño interno, para que éste se ajustara a los requerimientos de ese ministerio.

Escobar Crespo, confirmó dicha versión e indicó que se diseñó exclusivamente para la Administración Tributaria. El primer contrato de alquiler se firmó el 15 de octubre de 2003, entre el Ministerio de Hacienda e Inversiones don Bosco S.A. (posteriormente se fusionó con Hogares de Costa Rica S.A), representada en dicho momento por el hijo de Escobar, José Francisco Escobar Pardo. (imagen firmaHogares1).

Posteriormente se firmó un nuevo contrato el 14 de octubre de 2008 (imagen firmaHogares2), que actualmente está vigente. “Hoy tienen un edificio a la medida que les funciona perfectamente a un precio correcto y es el mejor edificio que ha tenido y seguirá teniendo Tributación”, manifestó Escobar Crespo.

En el caso de las oficinas que se alquilan en la Torre C (imagen firmaCCI), el presidente de Hogares de Costa Rica S.A. explicó que su empresa adecuó las instalaciones, según lo solicitado por Hacienda.

En total, según información del Registro Nacional, Escobar Crespo integra 70 sociedades anónimas; sin embargo, solamente tres tienen o han tenido contratos con el Estado, de acuerdo con el sistema electrónico de compras gubernamentales, Comprared.

Otros beneficiados.

Los Escobar y los Raventós están acompañados en el ranking de edificios más caros, por otros conocidos empresarios nacionales.

En la lista figuran como adjudicatarios sociedades anónimas cuyas juntas directivas están integradas por Elena Terán Ferrer (presidenta) y su esposo Richard Beck (tesorero), quienes le alquilan a Hacienda dos pisos del Oficentro Mira (3.991,13 m2) desde noviembre de 2013 y hasta el 2018, por un precio mensual de ¢79,8 millones. Es este edificio el que fue considerado hace 5 años para trasladar a la Asamblea Legislativa.

Beck, fue fundador de Atlas Eléctrica, el Banco Agro Industrial y de Exportaciones S.A. (Banex), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y el Centro de Formación en Tecnologías de Información (Cenfotec), por citar algunas de sus actividades.

Destaca, además, el dueño del Mall San Pedro y del Outlet Mall, Donald Formal Arias, empresario y presidente de tres sociedades anónimas con contratos que cada mes facturan al Ejecutivo ¢75 millones.

Formal preside Comercial Sol y Lluvia S.A., que desde el 2011 alquila al Ministerio de Hacienda un local de 3.921 metros cuadrados en el Outlet Mall, por un precio mensual de ¢49 millones.

Lidera, además Plataforma Mercantil S.A. e Inmobiliaria Onix S.A.. La primera arrienda al Ministerio de Vivienda 1.752 metros cuadrados del edificio de oficinas Sigma Business Center, por ¢25,7 millones al mes, un contrato que se firmó dos meses antes de que terminara la administración Chinchilla Miranda (2010-2014). La segunda sociedad, alquila 55 m2 para el archivo institucional de esa cartera a un monto mensual de ¢415.154 .

Según explicó la abogada especialista en derecho administrativo, Carolina Argüello, la distribución de los ingresos de la sociedad anónima entre sus miembros depende del acuerdo que se tome entre sus socios. “Cuando los ingresos de esas sociedades superan los gastos (mantenimiento, impuestos, salarios, cargas sociales), se generan dividendos o excedentes, los cuales se distribuyen entre los socios en proporción a la cantidad de acciones que tengan cada uno. Para acordar la distribución de los dividendos se tiene que tomar un acuerdo que así lo indique“, explicó.

En total, el Poder Ejecutivo alquila ocho edificios que superan los ¢50 millones al mes, 13 que le cuestan entre ¢20 millones y ¢50 millones, 13 entre ¢10 millones y ¢20 millones y 21 por los que desembolsan entre ¢5 millones y ¢10 millones. La gran mayoría, un 56 por ciento (170 edificios) representan una erogación mensual de entre ¢500 mil y ¢5 millones y por el 26 por ciento (78 edificios) el Ejecutivo paga menos de ¢500 mil colones.

adjudicatario
locación
precio mensual